Crisis y controversia en la vitivinicultura argentina: ¿Debe continuar la Coviar?

En estos días está en agenda pública y AL ROJO VIVO el tema de la continuidad o no de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La presentación de un proyecto de ley del diputado nacional Damián Arabia (PRO) que busca derogar la Ley 25.849, que creó la entidad en 2004 terminó de «patear el tablero». El anuncio desató una fuerte controversia en el sector vitivinícola, con posiciones encontradas entre quienes defienden el rol de la Coviar y quienes cuestionan su financiamiento obligatorio. Compartimos una nota que resume el conflicto:

Por: Stefania Chirico

El conflicto por la continuidad de la Coviar volvió al centro de la agenda política y sectorial, luego de que el diputado nacional Damián Arabia (PRO) presentara un proyecto de ley para derogar la Ley 25.849, que creó en 2004 a la Corporación Vitivinícola Argentina. La propuesta reavivó una disputa que ya lleva años latente, pero que ahora, en un contexto económico crítico y con el impulso del discurso de “modernización y desregulación”, alcanzó su punto más álgido.

Desde su anuncio, el proyecto encendió un fuerte enfrentamiento entre bodegas, viñateros, instituciones sectoriales y representantes del gobierno nacional y provincial, dejando al descubierto profundas diferencias sobre el modelo de desarrollo, la representación y la eficiencia del gasto en la vitivinicultura argentina.

¿Qué es la Coviar y por qué está en debate?

La Coviar fue creada como una entidad público-privada no estatal encargada de implementar el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI 2020), con el objetivo de posicionar al vino argentino entre los más reconocidos del mundo. La ley establecía como meta alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones y una participación del 10% en el volumen mundial de exportaciones de vino, entre otros desafíos ambiciosos.

Sin embargo, Bodegas de Argentina y otras entidades críticas afirman que esos objetivos no solo no se cumplieron, sino que la Coviar no rindió cuentas adecuadamente y continuó funcionando pese a la finalización del plan en 2020. La entidad se financia con aportes obligatorios de todos los establecimientos registrados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, estén o no asociados, lo que es uno de los principales ejes del conflicto.

“Los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones deben terminar”, sostuvo Arabia al presentar el proyecto, y agregó que busca avanzar hacia una “agenda de modernización, simplificación y desregulación”.

Los argumentos a favor de la derogación

Desde sectores como Bodegas de Argentina, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, la Federación de Viñateros de San Juan y la Cámara de Comercio de Mendoza, el apoyo al proyecto es explícito y se basa en tres ejes fundamentales:

Incumplimiento de objetivos:
El comunicado de Bodegas de Argentina expone que, al año 2020, las exportaciones llegaron solo a USD 791 millones (muy lejos de los 2.000 previstos) y que la participación internacional cayó al 1,8% en 2025, frente al 3,7% alcanzado durante la pandemia. El consumo per cápita de vino en Argentina también cayó un 46% desde 2004, y la superficie cultivada se redujo un 10%.
Gestión deficiente y falta de transparencia:
Denuncian un gasto total de USD 230 millones entre fondos públicos y privados desde 2004 sin resultados concretos, sumado a una falta de auditorías e información clara, como también una superposición de funciones con otras instituciones del sector.
Financiamiento obligatorio injusto:
Según las críticas, la Coviar impone alícuotas obligatorias bajo amenaza de inmovilización de operaciones, algo que consideran anticompetitivo y ajeno a una lógica de representación empresarial voluntaria.

“La Coviar fue creada para administrar un plan que ya terminó. No representa al sector y su existencia, con aportes obligatorios, es un gasto innecesario en el actual contexto de crisis”, indica el documento firmado por Bodegas de Argentina.

Las voces en defensa de la Coviar

Por el contrario, un grupo de 30 entidades vitivinícolas y turísticas —entre ellas cooperativas, cámaras regionales y asociaciones de enoturismo— salió a defender la continuidad de la institución. Sostienen que la Coviar ha sido clave para sostener una estrategia común de desarrollo sectorial en un país donde el 70% de la actividad vitivinícola está concentrada en Mendoza, pero donde participan múltiples provincias productoras.

“Este es un nuevo ataque del centralismo porteño que desconoce la construcción colectiva del sector”, señala un comunicado firmado por estas organizaciones.

Mario González, presidente de la Coviar, afirmó en Radio Aconcagua que el proyecto demuestra un “desconocimiento total del funcionamiento del sector”. Remarcó que el aporte obligatorio representa apenas el 0,019% del precio del vino, mientras que la presión impositiva total supera el 58% de los ingresos. Para González, eliminar la Coviar sería “desmantelar los pocos espacios de articulación público-privada que aún quedan”.

Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina, alertó que si la ley es derogada, la Coviar dejaría de existir y el sector perdería su herramienta principal de promoción e inversión estratégica.

¿Qué se discute realmente?

Más allá del conflicto por el financiamiento, el debate pone en juego una disputa más profunda sobre el modelo de gobernanza del sector vitivinícola. La discusión recuerda viejas tensiones sobre el fraccionamiento en origen, la intervención estatal y la representatividad sectorial.

“En el fondo, se discute quién debe manejar la industria y qué modelo aplicar”, dijo Villanueva, sintetizando lo que muchos consideran el verdadero núcleo del conflicto.

La disputa está lejos de resolverse, pero ya dejó en evidencia la necesidad de repensar cuáles son los espacios legítimos de representación, cómo se deben financiar las políticas sectoriales y qué instituciones deben coordinar el desarrollo de una de las economías regionales más relevantes del país.

Conclusión general hasta el momento

La vitivinicultura argentina enfrenta una encrucijada histórica. El desenlace de este debate no solo determinará la suerte de la Coviar, sino que también marcará el nuevo mapa de poder, estrategias y representación dentro de un sector que busca reinventarse en medio de una profunda crisis.

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